La Justicia europea avala que España no pague intereses a los proveedores

La abogada general de la UE estima que se acogieron al plan de pago de manera voluntaria.

Europa avala el plan de pago a proveedores del Gobierno español. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Eleanor Sharpston, ha defendido este jueves que la directiva europea contra la morosidad "no se opone" al mecanismo puesto en marcha por España. El plan permitió a empresas y autónomos acelerar el cobro de las deudas de las Administraciones a cambio de renunciar a unos intereses de demora del 8%. Las conclusiones de la abogada general no son definitivas y habrá que esperar una sentencia, pero el TJUE suele ratificar en un 80% las opiniones del abogado. 

La abogada no ve incompatibilidades entre la legislación comunitaria y la ley española, ni considera que se trate de un acuerdo abusivo. Tampoco cree relevante que el deudor sea un organismo público. El escrito responde a la consulta de un juzgado de Murcia, que preguntó al tribunal comunitario si la normativa española es contraria a sus directivas después de que varios proveedores del Servicio de Salud de la región recurrieran a los tribunales.El criterio favorable de la abogada general permite respirar al Gobierno español, que se enfrentaba al pago de unos 3.000 millones de euros —casi tres décimas del PIB— a 230.000 proveedores por el retraso en abonar las facturas, en un momento en que la UE estudia si multa a España por su incapacidad para situar el déficit por debajo de los criterios de Bruselas. La letrada ha estimado que el sistema "ofrecía al acreedor la posibilidad de elegir" entre adherirse al plan para recibir el pago en un plazo breve de tiempo o continuar con la situación anterior, en la que el cobro de las deudas podía alargarse pero "seguiría teniendo derecho" a los intereses de demora. En 2012, 2013 y 2014 el Ministerio de Hacienda abonó a las empresas facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas por más de 41.800 millones de euros.

En caso de que la Justicia europea siga las recomendaciones de la abogada general tal y como suele suceder, los proveedores tendrán que dar prácticamente por perdido su derecho a cobrar los intereses, dado que los cuatro años a los que prescriben se cumplen a finales de este mes.